Con base en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), nuestro país se ubicó en el primer puesto de países con mayor inflación en todo el mundo, con una variación interanual de 211,4%. Este porcentaje puso a Argentina por encima de otros Estados con índices muy elevados, como Venezuela, Líbano y Turquía. Por su parte, el índice de precios al consumidor registró en el mes de diciembre una variación promedio mensual de 25,5%, la más alta del año pasado.
¿Cuánta culpa tiene Javier Milei?
Considerando que un año tiene 365 días, el Presidente actual gobernó el 6 por ciento del tiempo durante 2023; por lo tanto, podríamos asignarle una responsabilidad tope sobre el 12.7% de la inflación anual. Asimismo, tomando en cuenta los 31 días de diciembre, el ejecutivo ejerció su mandato el 71 por ciento del mes; por lo que tendría una carga no superior que 18.1% sobre la última variación mensual.
A pesar de lo absurdo que parezca este análisis, podría ser una cuenta matemática rápida para ponerle techo a la responsabilidad del primer mandatario. Es decir, como mucho, sería responsable de esos números; con un rango que iría desde cero hasta dichos máximos. Sin embargo, en la realidad, lo verdaderamente importante para juzgar son las disposiciones administrativas efectivamente puestas en marcha por el gobierno. Por supuesto, sin olvidar las omisiones ni las opciones descartadas.
En cuanto a las acciones de gobierno, prácticamente ninguna política regulatoria impulsada por Javier Milei para modificar el mercado entró en vigencia en 2023 (el mega decreto rigió apenas por dos dias hábiles). La única medida monetaria importante que sí se implementó en ese periodo fue la modificación del tipo de cambio oficial. El 13 de diciembre último, el dólar pasó de costar unos 400 pesos a valer alrededor de 800 pesos, lo cual implicó una pérdida del 50% del valor relativo de la moneda fíat argentina contra la divisa estadounidense.
En favor del nuevo Presidente, es imposible ignorar la inercia inflacionaria desde el período previo a su asunción. Además, la última devaluación estuvo evidentemente relacionada con la brecha cambiaria heredada de la gestión anterior. No obstante, si asumimos que duplicar el tipo de cambio no era la única opción posible entre las medidas correctivas y que las expectativas provocaron una inmediata reacción de los precios (de insumos y de productos finales) luego de la devaluación oficial, podríamos asignar al libertario algunos puntitos extra de “responsabilidad” por acelerar una inflación que, en diciembre, podría haber sido menor.
Como dijimos, las cargas políticas sobre resultados macroeconómicos (entre ellos el nivel de precios) no se pueden calcular exclusivamente con cuentas matemáticas y no se obtienen de manera tan sencilla, porque las variables sociales son múltiples. Para evaluar con mayor fundamento debe transcurrir tiempo. Solo así es posible analizar los impactos económicos reales de las medidas de gobierno.
Por ejemplo, para esta gestión deberemos juzgar, entre otras, las consecuencias del decreto de necesidad y urgencia llamado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” (actualmente en vigencia) o los efectos de las eventuales leyes que se promulguen a partir del proyecto de ley ómnibus denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” (actualmente en discusión parlamentaria).
Es difícil negar que Argentina necesita reformas muy importantes (laborales, previsionales, administrativas, etc.) para salir del estancamiento económico. Seguro que asignar culpas a una gestión que recién comienza no es la mejor señal para arribar a buenas opciones mediante el debate parlamentario. Lamentablemente, “consenso” es un término muy devaluado y desgastado por el discurso político; pero en un país entumecido por el conflicto intersectorial se requieren acuerdos que destraben cambios y permitan alcanzar el desarrollo en el mediano plazo.
Ante la pregunta inicial, debería quedar claro que la culpa sobre la inflación más alta del mundo no es de Javier Milei. Pero todo lo dicho no sugiere aceptar grandes reformas a ciegas para colocarnos a expensas de una sola postura; porque no existen políticos, técnicos, ni académicos portadores de la verdad económica. Y en esto no se admiten excepciones; aunque hoy parezca legitimado, ser liberal o libertario tampoco implica poseer las verdades sociales reveladas.
En este escenario político, donde se juega bastante más que un índice inflacionario, serán valiosos diputados y senadores despojados de intereses espurios, chicanas y conflictos ineficacez. Quizás, la salida de una crisis crónica los necesite idealmente, y de una vez, cubiertos por un velo de ignorancia partidista, en los términos de John Rawls.
Por: Lic. Germán Rodríguez. Especialista en dirección y gestión pública.
Fuentes
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2023). Índice de precios al consumidor (IPC).
- John Rawls (1979). Teoría de la justicia