Los gobiernos obtienen sus recursos de las familias y de las empresas. Ese dinero proviene, siempre y en última instancia, del pago de tributos (principalmente impuestos). Por ejemplo, cuando las familias compran en comercios están obligadas a entregar un adicional al precio de compra de esos productos en forma de impuesto al valor agregado (IVA); o cuando las empresas declaran sus beneficios al finalizar cada periodo fiscal, deben transferir parte de los mismos al Estado.
Si bien existen interpretaciones y teorías distintas, con los recursos recaudados el gobierno interviene en la organización del mercado mediante la administración del orden, de la distribución y del desarrollo económico. Esta intervención se realiza con políticas públicas, que consisten en producir y entregar bienes y servicios públicos, así como en generar normas que imponen reglas a las actividades familiares y empresariales. Por ejemplo, se construyen caminos, se ofrecen sistemas educativos, se sancionan leyes que regulan la propiedad, etc. A grandes rasgos, esto es lo que las principales corrientes sociológicas del Estado denominan “gestión pública”.
Cada año, antes de comenzar dicha gestión, los gobiernos (nacional, de las provincias y de los municipios) discuten, aprueban y publican ante todos los ciudadanos el presupuesto público; es decir, el cálculo de los recursos (en moneda nacional) que recibirán del sector privado y la previsión de todos los gastos (en moneda nacional) en que consumirán esos recursos. Por supuesto que estos números iniciales no serán exactos y siempre existirán diferencias con lo que suceda en la realidad. Por eso, al finalizar el año de gestión, las administraciones deben publicar el presupuesto efectivamente ejecutado, cuyos números no admiten discrepancias.
En resumen, la previsión del presupuesto expresa públicamente ante la ciudadanía la estrategia con la que cada gobierno intervendrá en la economía de su país, provincia o ciudad. Mientras que su ejecución demuestra, en términos monetarios, en cuánto se cumplió con la estrategia planteada al comienzo.
Cuenta de ahorro, de inversión y de financiamiento
Cuando los gobiernos informan el presupuesto ejecutado, lo realizan mediante unas cuentas muy sencillas, de fácil lectura e interpretación para cualquier persona con educación media. Estas cuentas son tres: cuenta de ahorro, cuenta de inversión y cuenta de financiamiento. Se trata del pantallazo más general para conocer cuánto (y una pista económica de en qué) gasta el Estado. Sin esta información básica costará discutir de manera seria aspectos más profundos y específicos sobre la intervención estatal en el mercado.
La cuenta de ahorro es la diferencia entre los recursos corrientes recaudados en el año y los gastos corrientes del mismo período. Los recursos corrientes provienen de los tributos tomados de las familias y empresas; mientras que los gastos corrientes son los pagos habituales para hacer funcionar el gobierno y cumplir con los servicios públicos. El impuesto a las ganancias y una tasa de barrido local son ejemplos de recursos corrientes. El pago de jubilaciones, la mantención de los presos y el combustible para desmalezar una vereda pública son ejemplos de gastos corrientes.
La cuenta de inversión es la diferencia entre los recursos de capital obtenidos por el gobierno y las erogaciones de capital que éste realiza durante su gestión anual. Por ejemplo, los ingresos de dinero por ventas de empresas, terrenos, edificios y maquinarias públicas son recursos de capital; mientras que la plata con la cual se compran maquinarias, se construyen escuelas, cárceles, hospitales y rutas son gastos de capital.
La cuenta de financiamiento está compuesta por todas las deudas de largo plazo adquiridas en el año presupuestario y todos los pagos de deudas anteriores en el mismo ciclo. Si un gobierno gasta más de lo que recauda, en ese año deberá endeudarse, sólo así podrá cubrir ese déficit. La cuenta de financiamiento es muy importante en las deudas nacionales y provinciales. En general, los gobiernos locales no se pueden endeudar a largo plazo con tanta facilidad.
En conjunto, las tres cuentas se denominan EAIF (esquema ahorro, inversión, financiamiento). Su contenido demuestra la salud de las finanzas públicas y permite a los ciudadanos evaluar, de modo general pero con suficientes señales, la gestión presupuestaria de su gobierno. Finalmente, las legislaturas y los órganos de control nacionales, provinciales y municipales utilizan esta información para aprobar o desaprobar la gestión de las cuentas públicas. En caso de no haber conformidad, se pueden establecer responsabilidades políticas, administrativas y penales para los funcionarios.
A modo de ejemplo, desarrollamos el EAIF del presupuesto ejecutado por el gobierno de Argentina en el año 2022 (último consolidado)*. Decir “ejecutado” implica mostrar números reales, una vez terminada la gestión anual.
A. CUENTA DE AHORRO ARGENTINA (2022)
Ingresos corrientes = 12,98 billones de pesos
Gastos corrientes = 16,24 billones de pesos
Resultado de ahorro = -3,26 billones de pesos (desahorro)
B. CUENTA DE INVERSIÓN ARGENTINA (2022)
Recursos de capital = 0,06 billones de pesos
Gastos de capital = 1,28 billones de pesos
Resultado de inversión = -1,22 billones de pesos (desinversión)
Resultado total (cuenta de ahorro + cuenta de inversión) = -4,48 billones de pesos (déficit)
C. CUENTA DE FINANCIAMIENTO ARGENTINA (2022)
Deudas tomadas = 14,46 billones de pesos
Deudas pagadas = 9,98 billones de pesos
Financiamiento neto = 4,48 billones de pesos
A partir del ejemplo vemos que, en el año 2022, el gobierno nacional tuvo ingresos totales por 13,04 billones de pesos y gastos totales por 17.52 billones; es decir, gastó 4,48 billones de pesos más de los recaudó. Los números indican que el dinero aportado por familias y empresas no alcanzó para ejecutar todas las políticas públicas. Por lo tanto, el gobierno debió recurrir al endeudamiento neto por esa cantidad de pesos para cumplir con la gestión pública de ese año. En el futuro, este endeudamiento, producto del déficit, sólo puede ser cubierto con recursos extraídos al sector privado en forma de impuestos; si esto no se logra deberá recurrirse a más deuda y este círculo vicioso puede repetirse mientras que existan prestadores.
Obviamente que esta información debe ser complementada con datos sobre la producción real de bienes. Es decir, no será lo mismo tomar deuda para financiar salarios o cubrir compromisos previos que para construir cloacas, gasoductos o escuelas. En el primer caso es un salvataje eventual a ciegas, en el segundo caso es una apuesta intergeneracional a mejorar los recursos del gobierno, la producción pública y la calidad de vida de las personas. En esta visión del Estado, es importante para los vecinos conocer los números de las cuentas de ahorro, inversión y financiamiento de sus gobiernos; así como saber qué organismos son responsables de elaborarlas, publicarlas y controlarlas. La importancia de la ciudadanía informada radica en el incalculable potencial de veto que guardan las personas en sociedades democráticas.
Por: Lic. Germán Rodríguez. Especialista en dirección y gestión pública.
Fuentes: Oficina Nacional de Presupuesto (2023). Ingresar aquí.